Descontrol total en el alquiler social de Donostia

El alquiler social en Donostia ha vivido una situación de “descontrol total” durante prácticamente dos décadas y las 1.841 familias que viven en pisos de este tipo pagando una renta por debajo del precio de mercado (entre 250 y 325 euros) atraviesan ahora un momento de convulsión, coincidiendo con las primeras revisiones de contratos y de su situación familiar.


Los datos obtenidos tras analizar el 13,9% (256 casos) de todo el parque de viviendas desvelan que gran parte de los inquilinos, algunos de los cuales llevaban 15 años con prórrogas, no cumplen los requisitos para acceder a vivienda social; y otros muchos deberían pagar más debido a la mejoría económica que han experimentado. En el peor de los casos se han detectado familias que ingresan al año una media de más de 90.000 euros, otras que utilizan la vivienda para veranear o poner un negocio, para subarrendar habitaciones o simplemente ya tienen otros pisos por valor de más de 75.000 euros en propiedad; incluso en Donostia.

Los datos son significativos; sobre todo porque Donostia cuenta actualmente con un listado de 10.000 aspirantes a estos alquileres sociales. Familias que cumplen las condiciones legales fijadas y que están a la espera de una casa, mientras otras son ocupadas por inquilinos cuyos contratos y situación económica no se ha revisado en dos décadas.

Solo la primera inspección de viviendas realizada en la plaza Lasarte, en Errotaburu, ha arrojado que aproximadamente una cuarta parte de las familias, 22 de un total de 90, no cumplen en la actualidad los requisitos para ocupar este tipo de vivienda y, por tanto, deberían abandonarla. A esto hay que sumarle otros casos de impago que Etxegintza deberá gestionar en virtud del protocolo de morosidad aprobado el pasado febrero por la Junta de Gobierno.

El Ejecutivo de Bildu ya ha anunciado que revisará todos los casos, 1.841 en total, y que su objetivo será actualizar el alquiler cada año a todas las familias, en función de su renta. Aunque los datos de las primeras inspecciones no son extrapolables porque se han obtenido de una de las promociones más antiguas -en las más recientes los desajustes deberían ser menores-, la Corporación al completo teme que el número de familias que no da el perfil sea muy elevado.

Y el escenario podría ser peor, ya que Etxegintza ha decidido dar mayor margen económico y no dejará sin vivienda a las familias que superen el requisito de disponer de rentas inferiores a 25.000 euros, sino que permitirá, previa actualización del alquiler -algunos han pasado a pagar el doble-, que se queden en estos pisos quienes no superen los 39.000 euros de renta anual. Si se aplicase con rigurosidad el umbral de 25.000 euros del alquiler social, las revisiones acarrearían muchas más salidas.

El concejal del PP Ramón Gómez ofreció ayer una rueda de prensa en la que destacó el “descontrol total” en la gestión del alquiler social. En su opinión, “el PSE durante más de 20 años y Bildu en los últimos tres han ejercido cierta irresponsabilidad en la gestión de estas viviendas. A la gente no se les pedían papeles; no se sabía si tenían otros pisos o si se les cobraba mucho o poco”.

El edil popular intervino tras unas críticas del socialista Ernesto Gasco al Ejecutivo municipal por activar el “desalojo” de algunas familias que no cumplen los requisitos y doblar la renta a otros. Gómez dijo que Etxegintza cumple una función y entre ellas está el seguir ofreciendo vivienda social a los 10.000 demandantes de la ciudad. Para ello, añadió, hay que hacer cumplir los baremos y actualizar las rentas a gente que “durante años se ha aprovechado del descontrol absoluto en la gestión de estas viviendas”.

inspección municipal

Primeras revisiones. El Gobierno municipal anunció en febrero que iba a iniciar un plan de inspección en las viviendas de alquiler social de Donostia. Se han analizado hasta la fecha 256 de las 1.841 que hay en la ciudad. Se trata de 90 pisos situados en la plaza Lasarte (Errotaburu), otros 90 en Altza (Harrobieta y Berra Behea) y 76 en Bidebieta. Se ha revisado el 13,9% del total. Faltan 1.585.

Protocolo para los impagos. Las primeras inspecciones han arrojado también algunos impagos. Entre ellos, una persona que llevaba diez años sin pagar el alquiler y debe unos 25.000 euros. El Ayuntamiento de Donostia cuenta desde febrero con un protocolo de morosidad en el que, tras tres impagos, si el inquilino no acude a una cita con Etxegintza su expediente se publica en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) y se puede activar la vía judicial.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2014/07/10/vecinos/el-descontrol-total-en-el-alquiler-social-convulsiona-la-vida-de-1841-familias