Un casero, detenido por cambiar la cerradura a su inquilina tras cinco meses de impago

«Tengo 70 años y una trayectoria intachable. Y mira por dónde, a mí me han llevado al calabozo y tengo los papeles manchados, mientras que ella se queda en mi vivienda». Andrés reconoce que se equivocó al cambiarle la cerradura a su inquilina, pero casi ni se arrepiente, dice, porque «no hay derecho a que esta mujer lleve cinco meses sin pagar el alquiler, y casi un año sin abonar la luz y el agua, y sea yo quien acabe detenido».

Andrés es malagueño y tiene varios pisos en alquiler en la capital. No es la primera vez que se enfrenta al impago de inquilinos, la más reciente hace sólo unos meses, cuando los arrendatarios de una de sus viviendas se marcharon debiéndole más de 6.000 euros. Esa fue la gota que colmó el vaso. Cuando eso le ocurrió, se dijo a sí mismo que debía hacer «algo más» cuando volviera a sucederle.

La situación se repitió en otro de sus pisos, un inmueble de 85 metros cuadrados, situado en Carretera de Cádiz, que tiene alquilado por 375 euros al mes a una mujer de 46 años. El contrato, de tres años de duración, lo firmaron en diciembre de 2014, avalado por la pensión del padre de ella, militar jubilado. Al principio, la inquilina iba al corriente de los pagos, pero desde octubre pasado, según el arrendador, no abona los suministros. Y desde marzo había dejado de pagar también el alquiler. «Me iba diciendo que estaba pasando una mala racha, que ya me lo pagaría. Yo sé que hay gente pasándolo mal y que hay que ayudar, pero esto es diferente. Tiene una casa en Toledo, pero ocupa la mía».





«No me voy a ir»

Tras pedirle varias veces que se marchara si no podía hacer frente al alquiler, Andrés afirma que, el 30 de abril, la mujer le aseguró que se iría del piso cuando su hija acabara el colegio. La fecha acordada, el 30 junio. «Yo ya había buscado a una nueva inquilina. Lo tenía todo preparado. La llamé y me dijo: ‘No me voy a ir’». Y ahí –confiesa el casero– explotó.

Días después, la Policía Local recibió una llamada de una mujer manifestando que no podía entrar a su vivienda porque se había encontrado la cerradura cambiada. Añadió que había salido para ir a trabajar y que, al volver, no podía acceder al piso. También decía haber oído ruido dentro y que sospechaba que era su casero. Según sostiene ella, ya se había encontrado otra vez la cerradura cambiada anteriormente.

Una patrulla acudió al inmueble y llamó a la puerta. Les abrió Andrés, quien les explicó que la mujer llevaba meses sin pagar, que le pidió que se marchara, a lo que hizo caso omiso, y que había denunciado el caso en el juzgado sin que, por lo que sabe, se haya abierto aún la causa. «Los propietarios tenemos una indefensión total, porque al final los declaran insolventes y tú tienes que pagar abogado, procurador... Te acaba costando el dinero que no cobras por el alquiler y lo que tienes que pagar para que se vaya», apostilla.

El hombre indicó a los funcionarios que, ante las dificultades que tenía para afrontar los gastos, optó por cambiar la cerradura –«sé que no hice bien, pero ella tampoco lo está haciendo bien», reconoce– y colocar las pertenencias de la inquilina en la entrada «sin que sufrieran daño alguno». Fuentes policiales confirmaron estos extremos y recalcaron que los agentes, con arreglo a la legislación vigente, tuvieron que detener al casero por supuestas coacciones y apropiación indebida del bien propio. La inquilina, entre tanto, sigue viviendo en su piso. «Ha puesto el agua y la luz a su nombre», se lamenta Andrés.

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