Los bilbaínos en alquiler social pagan una media de 200 euros al mes

Los bilbaínos en alquiler social pagan una media de 200 euros al mes

El alquiler social, de titularidad pública, ha cobrado protagonismo con la bajada de la demanda de viviendas en propiedad. En Bilbao, los ciudadanos que acceden a este servicio abonan una media de 200 euros al mes y apenas se dan impagos, pues la tasa de morosidad asciende al 3%, según la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), que hoy ha presentado su diagnóstico de 2012 junto a Viviendas Municipales de Bilbao.

Pese a este buen dato, la AVS ha señalado que la mayoría de las entidades han detectado un aumento de la morosidad desde 2007 a 2010, un fenómeno que afecta al 11,6% de las viviendas del parque bilbaíno. Los procedimientos de desahucio iniciados, por otra parte, sólo se finalizan en el 30% de los casos, y son un "último recurso" por razones de "solidaridad" debido a las listas de espera, según ha explicado Ricardo Barkala, concejal de Urbanismo en el consistorio vizcaíno.

La presentación del informe, enmarcada en las jornadas "Retos 2020 del modelo público de alquiler de vivienda social" y celebrada en la Alhóndiga, ha destacado la importancia del alquiler público como una opción "de precio limitado" que permite que "sectores de la sociedad que lo están pasando mal", puedan tener un lugar de residencia digno, como explicó Barkala.

Como se señaló en el encuentro, la demanda de este tipo de viviendas ha ascendido notablemente en el último año, pasando de 9.000 personas en la lista de espera el pasado mes de enero a 9.700 en la actualidad, que se espera se eleve a 10.000 al final del presente año 2012. Una de las razones por las que las listas de espera se han incrementado es el bajo índice de rotación, situado en un 2,3%. Sólo el 29% de los inquilinos de estas viviendas las abandonan voluntariamente, mientras que el 70% restante lo hace por motivo de desahucio (28%) o de otras razones como el fallecimiento.

El 70% de estas viviendas, por otra parte, tiene un precio que oscila entre los 150 y 400 euros, y en ellas residen un 76% de personas que, además de una renta limitada, viven en riesgo de pobreza (39%), de las cuales un 31% son jóvenes o mayores de 65 años, y otro 20% ciudadanos pertenecientes a minorías étnicas, extranjeros o derivados de actuaciones de erradicación del chabolismo.

Se planea que el parque público, formado por 4.000 viviendas municipales, se amplíe en 2013 gracias a la generación de ingresos por la venta de parte de sus viviendas. Asimismo, se plantea

Defensa del sector público

Durante la presentación del diagnóstico, el presidente de la AVS, Pablo Olanguas, ha defendido la labor de los servicios de alquiler social que, en su opinión, han de medirse no sólo con criterios de "rentabilidad económica", sino también de "sostenibilidad social".

Haciendo referencia a los inquilinos en riesgo de exclusión social, Olanguas ha comentado que esta población no estaría protegida por las entidades privadas, "que al final se mueven según ratios de rentabilidad", y ha explicado que muchas de las empresas que rigen los alquileres sociales sólo obtienen una cuenta de resultados positiva en un 31%.

"Hoy todo se mide en cuestión de ratios, pero, ¿son las políticas sociales realmente sostenibles? ¿Por qué no miramos la lógica económica desde una cuestión de rentabilidad social?", ha defendido.

Además, ha señalado que la AVS va "por delante" de los legisladores en el problema de los desahucios, ya que sólo ejecutan uno de cada cuatro procesos iniciados.

Por el contrario, Ricardo Barkala ha opinado que las políticas sociales las deben impulsar los servicios sociales y no los gestores de vivienda pública: "Cada palo debe aguantar su vela", ha dicho, para añadir que los alquileres han de cobrarse "puntualmente" para lograr un equilibrio presupuestario.