Expertos proponen alquileres sociales de 200 euros
Mar Mayo 14, 2013 2:45 pm
Expertos proponen alquileres sociales de 200 euros
Expertos en políticas de vivienda han propuesto alquileres sociales a menos de 200 euros, así como la posibilidad de la gestión de viviendas públicas por organizaciones ciudadanas, para hacer frente al problema de los desahucios.
Éstas y otras propuestas han sido algunas de las soluciones más debatidas en el Simposio 'Nuevas estrategias en políticas de vivienda', que se celebra en la Sala Foyer del Teatro Guimerá en Santa Cruz de Tenerife.
El presidente de la sección en Canarias de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Carmelo Ramírez, ha abogado por un precio de menos de 200 euros al mes, incluidos los gastos de comunidad, dada la situación económica en la actualidad.
"La vivienda social en alquiler debe contar con unos precios fuera de los habituales en el mercado", y como ha explicado el coordinador del Simposio, Leal Maldonado, "no tienen por qué ser de titularidad pública, ya que en Europa hay modelos de propiedad privada a través de, por ejemplo, asociaciones sin ánimo de lucro".
En este sentido, Santiago Cirugeda, arquitecto sevillano, ha destacado la necesidad de "aumentar la cultura social en España e, incluso, dar la gestión pública en materia de viviendas a organizaciones ciudadanas constituidas de forma legal". El arquitecto tinerfeño Iván Pereyra ha introducido en el debate el punto de vista del propietario de esas viviendas puestas en alquiler, "para quien hay que buscar también ideas imaginativas, no sólo para el usuario del inmueble".
Los ponentes han debatido sobre posibles incentivos a los propietarios de vivienda para que coloquen los inmuebles en el mercado. Sin embargo, ha quedado comprobado que los ayuntamientos, ante la escasez de competencias en la materia que poseen, deben enfocar su política al ofrecimiento de servicios como el asesoramiento al ciudadano en este proceso.
Más propuestas
El fomento de la rehabilitación, la existencia de viviendas vacías y las medidas que puede aplicar el Ayuntamiento, en función de las pocas competencias municipales que posee en esta materia, han sido los temas de esta primera sesión de trabajo, que concluirá mañana martes con un documento de conclusiones que se someterá a un proceso participativo.
El coordinador del Simposio, el sociólogo Jesús Leal Maldonado, ha destacado que el actual parque de viviendas resulta "demasiado grande" frente al "declive demográfico y la falta de emancipación de los jóvenes".
Sobre este sector, el catedrático de Economía de la Universidad de La Laguna, José Luis Rivero Ceballos, ha advertido también que los cambios en políticas de vivienda que se lleven a cabo deberán modificarse "pronto" porque "hay que contar con los conocimientos de las nuevas generaciones".
Respecto a las diferentes ayudas y competencias entre las administraciones públicas, el arquitecto José Mata Wagner ha expresado su creencia en el cambio de perspectiva de las políticas de viviendas, que deben centrarse en la prestación de servicio y no ya en la construcción de nuevas viviendas.
Asimismo, sobre las ayudas estatales, el arquitecto tinerfeño David Valcárcel se ha quejado de que, aún cumpliendo con los requisitos, vecinos y equipos redactores de proyectos ven cómo hay una falta de fluidez de los fondos ya aprobados, que ralentiza el inicio de las acciones.
Expertos en políticas de vivienda han propuesto alquileres sociales a menos de 200 euros, así como la posibilidad de la gestión de viviendas públicas por organizaciones ciudadanas, para hacer frente al problema de los desahucios.
Éstas y otras propuestas han sido algunas de las soluciones más debatidas en el Simposio 'Nuevas estrategias en políticas de vivienda', que se celebra en la Sala Foyer del Teatro Guimerá en Santa Cruz de Tenerife.
El presidente de la sección en Canarias de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Carmelo Ramírez, ha abogado por un precio de menos de 200 euros al mes, incluidos los gastos de comunidad, dada la situación económica en la actualidad.
"La vivienda social en alquiler debe contar con unos precios fuera de los habituales en el mercado", y como ha explicado el coordinador del Simposio, Leal Maldonado, "no tienen por qué ser de titularidad pública, ya que en Europa hay modelos de propiedad privada a través de, por ejemplo, asociaciones sin ánimo de lucro".
En este sentido, Santiago Cirugeda, arquitecto sevillano, ha destacado la necesidad de "aumentar la cultura social en España e, incluso, dar la gestión pública en materia de viviendas a organizaciones ciudadanas constituidas de forma legal". El arquitecto tinerfeño Iván Pereyra ha introducido en el debate el punto de vista del propietario de esas viviendas puestas en alquiler, "para quien hay que buscar también ideas imaginativas, no sólo para el usuario del inmueble".
Los ponentes han debatido sobre posibles incentivos a los propietarios de vivienda para que coloquen los inmuebles en el mercado. Sin embargo, ha quedado comprobado que los ayuntamientos, ante la escasez de competencias en la materia que poseen, deben enfocar su política al ofrecimiento de servicios como el asesoramiento al ciudadano en este proceso.
Más propuestas
El fomento de la rehabilitación, la existencia de viviendas vacías y las medidas que puede aplicar el Ayuntamiento, en función de las pocas competencias municipales que posee en esta materia, han sido los temas de esta primera sesión de trabajo, que concluirá mañana martes con un documento de conclusiones que se someterá a un proceso participativo.
El coordinador del Simposio, el sociólogo Jesús Leal Maldonado, ha destacado que el actual parque de viviendas resulta "demasiado grande" frente al "declive demográfico y la falta de emancipación de los jóvenes".
Sobre este sector, el catedrático de Economía de la Universidad de La Laguna, José Luis Rivero Ceballos, ha advertido también que los cambios en políticas de vivienda que se lleven a cabo deberán modificarse "pronto" porque "hay que contar con los conocimientos de las nuevas generaciones".
Respecto a las diferentes ayudas y competencias entre las administraciones públicas, el arquitecto José Mata Wagner ha expresado su creencia en el cambio de perspectiva de las políticas de viviendas, que deben centrarse en la prestación de servicio y no ya en la construcción de nuevas viviendas.
Asimismo, sobre las ayudas estatales, el arquitecto tinerfeño David Valcárcel se ha quejado de que, aún cumpliendo con los requisitos, vecinos y equipos redactores de proyectos ven cómo hay una falta de fluidez de los fondos ya aprobados, que ralentiza el inicio de las acciones.
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