Asturias : 88 nuevas viviendas en alquiler social para desahuciados

El Principado pone 88 viviendas con alquiler social a disposición de familias desahuciadas

El Gobierno del Principado de Asturias pone a disposición de familias desahuciadas 88 viviendas con alquiler social para paliar su situación. En concreto, se trata de 50 viviendas del parque autonómico y otras 38 propiedad de cuatro entidades bancarias que colaborarán con el Ejecutivo a través de un convenio que se suscribirá en breve.

Así lo ha dicho este jueves en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, indicando que estas primeras entidades bancarias en adherirse al convenio son Cajastur, que aportará 21 viviendas; Banco Sabadell-Herrero (10); Caja Rural de Asturias (7) y Caja Rural de Gijón, que por el momento no está en disposición de ofrecer viviendas.

Esther Díaz, que compareció junto a la directora general de Vivienda, Ana Rivas, ha resaltado que el objetivo es ofrecer a las familias la posibilidad de disponer de una residencia con un alquiler social, que en ningún caso superará los 400 euros ni el 30% de la renta de la unidad familiar.

El periodo de arrendamiento será de un año prorrogable hasta tres y el Principado se hará cargo de los posibles desperfectos y de la fianza, al tiempo que ofrecerá asesoramiento a cada caso. El convenio cuenta también con el compromiso de los bancos de no ejecutar los lanzamientos y ofrecer a sus clientes un alquiler social.

Además, la empresa pública Vipasa gestionará la bolsa de viviendas, con 50 inmuebles propiedad de la Administración asturiana que se destinarán a atender necesidades de urgencia. De ellas, hay 25 que se ubican en Oviedo, Gijón y Avilés y están siendo reparadas, mientras que las restantes se distribuyen por el resto de Asturias.



Nuevo decreto

Junto a estas medidas, incluidas en el plan contra los desahucios puesto en marcha por el Gobierno del Principado en noviembre y coordinadas a través del servicio de ventanilla única, el Ejecutivo del socialista Javier Fernández dio luz verde este miércoles al nuevo decreto de adjudicación de viviendas de la comunidad para actualizarlo y adaptarlo "a las necesidad socioeconómicas actuales y flexibilizar el acceso, así como acelerar y simplificar el procedimiento", según ha explicado Esther Díaz.

La titular de Bienestar Social y Vivienda ha comentado como novedad la incorporación de la consideración de situaciones especiales de emergencia social.

Así, por la vía de urgencia, para casos de incendios o inundaciones, exclusión social o desahucios, se ofrecerá un alquiler temporal de un año ampliable a otro. Igualmente, se regulan las necesidades de cambios de vivienda y la adjudicación de viviendas adaptadas para personas con discapacidad.