Una plataforma luchará contra la regulación del alquiler turístico de pisos

Una plataforma luchará contra la regulación del alquiler turístico de pisos

La decisión del Gobierno central de sacar a los apartamentos turísticos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y dejarlos en manos de las comunidades autónomas ha significado todo un vuelco para el sector. Con el verano a las puertas, muchos propietarios y asociaciones siguen en pie de guerra contra una regulación que les va a obligar a pasar por la Administración con cada arrendamiento.

La idea no es otra que controlar los alquileres turísticos de pisos y apartamentos, que hasta ahora se movían en un estado de alegalidad, y que ahora deberán pasar inspecciones, declarar a Hacienda y ofrecer unos servicios mínimos de calidad, higiene y seguridad.

La iniciativa del Ejecutivo llega espoleada por las quejas del sector hotelero, que veía en estas actividades una “competencia desleal” y posible “intrusismo” por parte de los particulares que hacen el agosto con su segunda residencia.

Precisamente estos propietarios son los más críticos con la medida, ya que con el alquiler de sus apartamentos -en algunos casos de necesidad, hasta habitaciones de la primera residencia- obtenían una importante fuente de ingresos que ahora puede verse mermada, o incluso desaparecer.

Tampoco ha sentado bien entre las empresas dedicadas a este negocio. Por ello, las Asociaciones de Gestores de Viviendas Vacacionales y Apartamentos de Uso Turístico se han puesto manos a la obra para intentar frenar, o al menos modificar, la decisión del Gobierno.

A través del llamado Manifiesto de Benidorm, lamentan que la medida salga del Congreso con el voto en contra de toda la oposición y critican que restrinja el derecho a la propiedad. Aseguran que los legisladores “desconocen el funcionamiento e importancia de este sector”, que consideran “fundamental para la oferta turística de nuestro país y su crecimiento y liderazgo turísticos y contribuyen a la generación de empleo y de riqueza”.

Además, coinciden con la Administración en la “necesidad de evitar situaciones que perjudiquen la imagen de nuestro turismo” por lo que ofrecen su colaboración, pero reclaman al sector hotelero “no caer en una crítica hipócrita con generalizaciones sacadas de contexto de un actividad tan legitima como suya y que beneficia a los cientos de miles de familias que obtienen rentas o empleo de ella”.

Finalmente, comunican su intención de crear una federación nacional que vele por los derechos de los propietarios, que canalice sus demandas y sirva de interlocutor.

Comienza la inspección

El número de reservas en apartamentos turísticos legales en Aragón ha crecido en lo que va de año un 20% como consecuencia de la crisis, así que las previsiones sobre aquellos ocultos para Hacienda son considerables.

De ahí que las labores de inspección se hayan puesto ya en marcha. Para ello, investigarán las ofertas de alquiler publicadas en los principales portales inmobiliarios de internet y se pondrán en contacto con los propietarios para poner en marcha la regularización de la vivienda si se le quiere seguir dando una explotación turística.

Según el Anuario Económico elaborado por La Caixa, en Aragón se registraron 6 millones de pernoctaciones en alojamientos reglados (hoteles, campings, casas rurales, etc.), mientras que los apartamentos turísticos no reglados llegaron a las 16,4 millones de pernoctaciones.