Alquiler social frente a los desahucios

Alquiler social frente a los desahucios

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sido uno de los municipios pioneros en la vanguardia de la lucha contra los desahucios, consciente de que se trata de uno de los rostros más visibles e injustos de la terrible crisis económica que azota con especial dureza a quienes menos tienen. Fruto de ello, esta Capital fue una de las primeras en todo el Estado en poner en marcha un Protocolo Anti Desahucios, avalado además por el consenso de todas las fuerzas políticas. No es una varita mágica ni la solución a todos los problemas, pero sí un mecanismo razonable de intermediación que permite al menos salvar aquellos casos sangrantes a los que no se puede dar respuesta únicamente desde una normativa injusta y deshumanizada. Como lo fue, posteriormente, la iniciativa de poner en marcha un Servicio de Intermediación Hipotecaria en colaboración con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

Actuaciones valientes y coherentes como plantarle cara a una entidad financiera, noticia en aquel momento en todo el Estado, fue en cierta forma detonante para que otras instituciones fueran capaces de plantearse otros caminos, porque se demostraba que, aunque no es de fácil solución, sí existe la posibilidad de buscar alternativas y atenuar en lo posible una injusticia que no podemos aceptar como inevitable.
Ahora hemos dado un paso más en ese camino. Además de agilizar los recursos para la adjudicación de las viviendas disponibles tanto de titularidad municipal como del Gobierno autónomo, nos planteamos la posibilidad de buscar la mejor manera de acceder a viviendas sociales para quienes más lo necesitan. Y ese trabajo nos llevó a ofrecer a entidades financieras e inmobiliarias, que son las que ahora mismo tienen una bolsa de viviendas vacías en una situación tan injusta como improductiva, una colaboración en la que si eran capaces de poner parte de esas viviendas a disposición, el Ayuntamiento aportaría los recursos administrativos y económicos para el pago de un alquiler social, beneficioso para todos.

El alquiler social no sólo es posible, sino que además es una fórmula más justa y beneficiosa para todas las partes. Un primer acuerdo, en este caso con Banif Fondo Inmobiliario, pondrá a disposición 66 viviendas, para demandantes ante la Sociedad Viviendas Municipales. Mediante ese modelo de actuación se fija una renta media que además será bonificada los primeros años, y a la que se le podrá aplicar las ayudas previstas para este fin en el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), que a su vez pasarán de un máximo de 1.800 a 2.400 euros al año. Es decir, en función de las condiciones sociales y de renta de estas familias con escasos recursos, habrá la posibilidad de alquileres de viviendas dignas a partir de 25 euros mensuales.

Es un paso más en el camino adecuado. Y confiamos en que otras entidades se sumen a esta iniciativa poniendo a disposición nuevas viviendas. No sólo por un elemental sentido de responsabilidad social ante una situación cuya responsabilidad no les es ajena, sino también porque los activos inmobiliarios improductivos no les producen ningún beneficio razonable.

Dije en su momento, y repito ahora, que siempre hay quien, desde su cobardía o inoperancia, es incapaz de concebir un gesto de valentía, de coherencia o de dignidad, y entonces lo llama demagogia. O quien, fruto de la comodidad o el derrotismo, cree que es inútil todo esfuerzo, y entonces lo llama ingenuidad. Pero, afortunadamente, también hay personas que se muestran dispuestas a plantar cara a la injusticia y buscar salidas a los problemas, y esos son los que consiguen soluciones.