Se reducen los requisitos para acceder al alquiler social

Fracaso del alquiler para desahuciados obliga al Gobierno a suavizar requisitos

En sus tres primeros meses de vida, de las más de 5.800 viviendas que las entidades financieras habían ofrecido, se alquilaron 430. A 15 de julio de 2013, la web del fondo indicaba que había 5.047 disponibles. Es difícil conocer cuántas se arrendaron entre abril y julio, ya que las entidades pudieron añadir algunas viviendas más al fondo.
No obstante, el Gobierno no quiere que estas viviendas se queden vacías y, por ello, estaría estudiando flexibilizar los requisitos de acceso a estas viviendas por las que se paga entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar.

REQUISITOS EXIGENTES
Para poder solicitar alguno de estos pisos, debe hacerlo una persona o familia que haya sido desalojada de su vivienda habitual desde el 1 de enero de 2008.

Además, el desalojo debe haberse producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad que constituye el FSV. En el momento de la solicitud también debe tener unos ingresos mensuales por parte de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 € conforme al Iprem actual).

Y, finalmente, el solicitante debe encontrarse en un “supuesto de especial vulnerabilidad”, como: familia numerosa, unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo; con al menos, un menor de tres años; con alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral; con el deudor se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo; o en la que exista alguna víctima de violencia de género.

EL PROBLEMA NO SON SÓLO LOS REQUISITOS
Algunas asociaciones han alertado de que estos requisitos desaniman a los solicitantes, una razón que estaría llevando a que el Gobierno estudie rebajar estas condiciones para no dejar pisos vacíos. También critican que las viviendas que la banca, previo acuerdo con los ayuntamientos, pone a disposición de los desahuciados no siempre están en zonas de fácil acceso, con colegios a kilómetros y otros problemas para familias que han perdido su vivienda.

El FSV tiene una Comisión de Coordinación y Seguimiento en la que participan con un representante, además de la Plataforma del Tercer Sector, de los ministerios que suscriben el convenio (Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Fomento), el Banco de España, la FEMP y cuatro representantes de las entidades adheridas designados por la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de las Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Asociación Hipotecaria. A ella corresponderá la revisión de las condiciones de acceso.