La ley vasca de vivienda incluirá el canon a pisos vacíos y su alquiler forzoso

Reconocer el acceso a la vivienda como derecho subjetivo, evitar el desahucio de quienes no tengan otro lugar para vivir y promover el alquiler sancionando la posesión de pisos vacíos son algunas de las medidas que contendrá la futura ley de vivienda del País Vasco, que comenzará su tramitación parlamentaria tras las elecciones municipales y forales.


El texto salido de la ponencia del Parlamento Vasco, que desde hace dos años trabaja sobre la proposición de ley del PSE-EE, recoge la mayor parte de las propuestas planteadas en el proyecto de ley elaborado por el Gobierno de Patxi López y que decayó al agotarse la legislatura. Pero también incluye varias de las medidas planteadas por EH Bildu y UPyD, lo que ha facilitado la aprobación de un texto que no cuenta con el respaldo del PNV ni del PP.

En este sentido, los parlamentarios del PNV Amaia Arregi y Norberto Aldaiturriaga opinaron ayer al finalizar la ponencia que se trata de un texto “malo” desde un punto de vista técnico, que, además, “no da respuesta” a las personas que, pese a tener un nivel de renta superior a lo previsto en la ley, tienen problemas para acceder a una vivienda. También criticaron que la proposición de ley no contenga “una visión estructural” del mercado inmobiliario, ya que se limita a establecer medidas de políticas públicas de vivienda, cuando el parque público representa únicamente el 25% del total.

un derecho exigible El texto de la futura ley mantiene el reconocimiento del acceso a la vivienda como un derecho subjetivo, lo que supone que las personas con escasos recursos, y sin posibilidad de alquilar un piso por sus propios medios, podrán exigir ante los tribunales de Justicia que la Administración les facilite una vivienda en la que residir. No obstante, debido a la dificultad para atender todas las posibles peticiones, la ley introduce el principio de progresividad en la aplicación de este derecho, de forma que se establece un plazo de tres años para que el derecho subjetivo de acceso a la vivienda sea aplicable. Para determinar el orden de acceso a las casas facilitadas por la Administración, los criterios prioritarios serán la renta del solicitante y el número de personas que componen el núcleo familiar, mientras que la antigüedad como solicitante será un criterio “residual”.

Otra de las principales medidas recogidas en el texto que tramitará el Parlamento es el establecimiento de un canon para gravar los pisos que lleven más de dos años vacíos. El gravamen será de 10 euros por metro cuadrado al año, pero por cada año que pase sin que el piso sea ocupado se aplicará un incremento del 10%, hasta un límite por el que no se podrá triplicar la cuantía del gravamen inicial establecido. La ley también contempla la posibilidad de decretar el alquiler obligatorio de las viviendas vacías.

La nueva regulación mantendrá la apuesta por la opción del alquiler frente a la compra estableciendo que en los cinco primeros años desde la entrada en vigor de la norma el 80% de la vivienda pública que se construya en Euskadi esté dedicada al alquiler y se llegará al 100% pasado ese plazo.

Otro de los puntos polémicos es la potestad de la Administración vasca para expropiar temporalmente a los bancos algunos inmuebles con el fin de evitar el desahucio de sus habitantes. En una comparecencia ante la ponencia parlamentaria, el exconsejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, ya advirtió de que esta medida había sido suspendida en Andalucía por el Tribunal Constitucional.

Ayer, el parlamentario del PSE Bixen Itxaso señaló que buena parte de las objeciones que se están poniendo a la proposición de ley responde a que los “intereses” de determinados sectores se están viendo “amenazados”, dado que medidas como el alquiler forzoso de los pisos vacíos pretenden acabar con la “especulación urbanística”, que -según recordó- es el principal foco de “corrupción”.

Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu, subrayó la importancia de una iniciativa que supone llevar a la práctica “un derecho universal básico como el acceso a la vivienda”. Gorka Maneiro, de UPyD, dijo que se trata de una proposición de ley “justa y progresista”.

Medidas

Derecho. La ley reconocerá el carácter subjetivo del derecho a la vivienda. Lo que equivale a garantizar el acceso a la vivienda a las personas con escasos recursos que no puedan disponer de un piso a través del mercado libre.

Desahucios. La Ley facultará a la Administración vasca para expropiar temporalmente a los bancos con el objetivo de evitar el desahucio de sus inquilinos.

Vivienda vacía. Se gravará la posesión de pisos que estén vacíos durante más de dos años, estableciendo un canon anual de 10 euros por metro cuadrado que se aumentará un 10% cada año hasta alcanzar, como máximo, el triple de la cuota inicial.

Alquiler. Además de establecer el alquiler forzoso de las viviendas vacías, la Ley contempla que en cinco años toda la vivienda pública se destine al alquiler y que hasta entonces los pisos para la venta en propiedad no superen el 20%. Pasados cinco años, todo el parque público deberá ser de alquiler.

Rentas. La cuantía de estos alquileres no superará el 30% de los ingresos “disponibles” de la familia, que será como máximo el 15% cuando los ingresos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Criterios. Para determinar el orden de acceso a una vivienda los criterios prioritarios serán la renta del solicitante y el número de personas que componen el núcleo familiar.

Progresividad. En el primer año a partir de la entrada en vigor de la Ley se reconocerá el derecho subjetivo al acceso a la vivienda para las unidades de convivencia de tres o más miembros con ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y que lleven cuatro o más años registradas como demandantes de un alquiler. A partir del segundo año se prevé que este derecho pueda ser ejercido por las unidades de convivencia de dos miembros, con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales y cuatro o más años registradas como demandantes de alquiler. A partir del tercer año se reconocerá el derecho subjetivo a la vivienda para las unidades de convivencia de un miembro y con ingresos inferiores a 9.000 euros anuales.

Organismos. La Ley promoverá la unificación en un único organismo de las distintas entidades públicas relacionadas con la vivienda.

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