El Gobierno podría paralizar las ayudas al alquiler en Andalucia

Un nuevo conflicto competencial entre el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía pone en riesgo la nueva convocatoria de ayudas al alquiler de viviendas abierta por la Administración andaluza el pasado marzo y que hasta el cierre del plazo el 30 de abril recibió 22.658 solicitudes. Las ayudas financian hasta el 40% para alquileres de un máximo de 500 euros mensuales a familias con ingresos inferiores a 1.331 euros mensuales (2,5 veces el Indicador Público de Renta, Iprem) hasta un máximo de 2.400 euros al año para el alquiler. Está previsto que beneficie a 7.000 andaluces.

El pasado 6 de mayo el Ministerio de Fomento, que financia esta convocatoria dirigida a las comunidades con 15 millones de euros para Andalucía, remitió a la Consejería competente en la Junta un requerimiento para que en el plazo de un mes cambie dos artículos que regulan esta orden ya que, de lo contrario, acudirá al contencioso-administrativo. Esta acción paralizaría la transferencia del dinero hasta la resolución del asunto en los tribunales, lo que puede significar varios años.

La Consejería andaluza de Fomento y Vivienda se apoya en un informe solicitado de urgencia a su asesoría jurídica para considerar que los dos elementos incluidos en el requerimiento del Gobierno no tienen base.

Según este informe, el primero es una cuestión de forma, ya que el Gobierno reclama la modificación del artículo 2.1 para que quede claro que la orden andaluza está supeditada a la normativa estatal.

El segundo punto es el foco de mayor conflicto, ya que en el artículo 4.4. la orden la Junta excepciona a los beneficiarios de la ayuda de la prohibición de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La Junta se apoya en que la propia ley de subvenciones prevé la excepción de algunos de los requisitos impuestos a los beneficiarios por la naturaleza de la subvención, como es este caso. Aunque las ayudas del Gobierno iban dirigidas a un público más amplio, la Junta las ha acotado a una población vulnerable.

La Consejería de Fomento y Vivienda, que gestiona en funciones la socialista María Jesús Serrano, añade que la orden incluye como criterios baremables "sociales" haber sido víctima de un desahucio o tener todos los miembros de la familia en paro, entre otros. También expone que no es la primera vez que esta excepción se recoge en una normativa y pone de ejemplo a "muchos ayuntamientos".

Fuentes del Ministerio de Fomento señalaron que esta orden se engloba dentro del plan estatal de fomento del alquiler 2013-2016 firmado en septiembre y sostuvieron que la introducción de esa excepción incumple lo que se firmó. Ninguno de los dos artículos estaban en el borrador que la Junta remitió en diciembre.

La Junta ha reclamado la reunión de la comisión bilateral al entender que hay una "deslealtad del Gobierno" al interponer un requerimiento. Fuentes del Gobierno señalaron que la responsable es la Junta "al incurrir en fraude de ley, lo que impediría que se pueda pagar, ya que tiene que haber igualdad entre todas las comunidades".

http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2034529/gobierno/amenaza/con/paralizar/las/ayudas/alquiler/viviendas.html