Urgen a la Junta de Castilla y León a que publique ya las ayudas de alquiler

El Procurador del Común, Javier Amoedo, da un toque de atención a la Junta tras una investigación que ha efectuado a iniciativa propia sobre los apoyos al alquiler y conmina a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a «convocar, con carácter prioritario y de forma inmediata», una línea de ayudas para las familias con ingresos precarios, bajos, mínimos, entendiendo por tales aquellos que no superan los 7.455 euros anuales.

Las personas que viven en una vivienda arrendada con menos de ese nivel de ingresos se quedaron fuera de la convocatoria de ayudas de finales del año pasado, en la que se exigía contar con unos ingresos entre 7.455 y 18.637 euros anuales. Desde la consejería, que sacó la línea de subvenciones tras el acuerdo con sindicatos y empresarios en el marco del Diálogo Social, se justificó el requisito de ingresos mínimos en que ese perfil de familia era atendido por los servicios sociales.

Amoedo tacha de frágil ese argumento en una resolución en la que recalca que la exigencia de un mínimo de ingresos la permite el Gobierno central en caso de que existan circunstancias demográficas o económicas que así lo aconsejen, algo que no ha especificado la Junta. El Procurador señala que casi ninguna comunidad autónoma ha aplicado este requisito y que alguna de las que lo han hecho, como Castilla-La Mancha, ha puesto ese tope mínimo en 3.727 euros anuales, la mitad que Castilla yLeón.

Requisitos penalizadores

Asegura Javier Amoedo que dentro de las «políticas autonómicas de carácter social no se incluye ninguna específicamente dirigida a contribuir al pago del alquiler de la vivienda habitual» y concluye que la Junta «ha ejercido incorrectamente» la facultad que el Plan Estatal de Vivienda le otorga de incluir el requisito de ingresos mínimos.

El defensor del pueblo autonómico subraya que la enorme diferencia entre el número de solicitantes de las ayudas de diciembre pasado (15.626) y el de beneficiarios finales que recibirán la subvención (2.524) pone de manifiesto «una probable insuficiencia de la dotación presupuestaria del programa».

El Procurador del Común insta alGobierno de Juan Vicente Herrera a que elimine en próximas convocatoria de apoyos al alquiler el requisito de que los contratos arrendamiento deban ser posteriores a diciembre de 2010. Amoedo entiende que esta exigencia «penaliza» los contratos estables en el tiempo.

La resolución del Procurador coincide casi en el tiempo con la jornada que han mantenido el Defensor del Pueblo y nuevo defensores regionales en la que han reclamado un apoyo decidido de las administraciones para facilitar viviendas en alquiler.

http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201509/22/urgen-junta-publique-ayudas-20150921210544.html