Ibiza y Formentera quedan fuera de las ayudas al alquiler estatales
Mar Mayo 02, 2017 4:32 pm
Ibiza y Formentera han quedado expulsadas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas del Gobierno central. Entre los requisitos para poder acceder a las ayudas se encuentra que el alquiler no debe superar los 600 euros mensuales, una cifra que en estas islas, prácticamente, no existe.
Al parecer, en el transcurso de la conferencia sectorial de vivienda del pasado 16 de diciembre, el Gobierno central les comunicó la prórroga del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas 2013-2016 sin aceptar la posibilidad de introducir cambios en las ayudas, tal y como pedía Baleares, y acordando simplemente la prórroga.
Es por ello que ha remitido una carta al secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez Pomar, planteado de nuevo la necesidad de que se modifique este techo de los 600 euros, y deje que cada Comunidad Autónoma lo fije atendiendo a sus necesidades.
Pons apela a la especial urgencia de aumentar este techo en Ibiza y Formentera, donde los cuerpos y fuerzas de seguridad, el profesorado y los médicos, están renunciando a este destino, lo que ya está ocasionando graves deficiencias en los servicios básicos.
La negativa del Ministerio a introducir estos cambios ha provocado que el Govern haya decidido complementar las ayudas de alquiler estatales con otra de 300.000 euros para alquileres de entre 600 y 800 euros en Ibiza y Formentera.
En marzo se aprobó por el Consejo de Ministros la cantidad asignada a cada comunidad: 5,8 millones para Baleares, una cantidad que desde el Ejecutivo balear se considera insuficiente, pero desde entonces no se ha formalizado la firma que permitiría activar la convocatoria.
El retraso en la firma del convenio retrasa también la línea especial autonómica que quiere aprobar el Govern balear para Ibiza y Formentera porque, «por operatividad, se tienen que convocar las ayudas al mismo tiempo», apuntan. Por no hablar de que el retraso también está reduciendo el plazo para solicitar las ayudas, que no se modifica.
«El objetivo es agotar las ayudas para que estas lleguen al mayor número de beneficiarios, y el retraso en el inicio de los trámites es perjudicial», denuncia el Govern balear.
Al parecer, en el transcurso de la conferencia sectorial de vivienda del pasado 16 de diciembre, el Gobierno central les comunicó la prórroga del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas 2013-2016 sin aceptar la posibilidad de introducir cambios en las ayudas, tal y como pedía Baleares, y acordando simplemente la prórroga.
Es por ello que ha remitido una carta al secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez Pomar, planteado de nuevo la necesidad de que se modifique este techo de los 600 euros, y deje que cada Comunidad Autónoma lo fije atendiendo a sus necesidades.
Pons apela a la especial urgencia de aumentar este techo en Ibiza y Formentera, donde los cuerpos y fuerzas de seguridad, el profesorado y los médicos, están renunciando a este destino, lo que ya está ocasionando graves deficiencias en los servicios básicos.
La negativa del Ministerio a introducir estos cambios ha provocado que el Govern haya decidido complementar las ayudas de alquiler estatales con otra de 300.000 euros para alquileres de entre 600 y 800 euros en Ibiza y Formentera.
En marzo se aprobó por el Consejo de Ministros la cantidad asignada a cada comunidad: 5,8 millones para Baleares, una cantidad que desde el Ejecutivo balear se considera insuficiente, pero desde entonces no se ha formalizado la firma que permitiría activar la convocatoria.
El retraso en la firma del convenio retrasa también la línea especial autonómica que quiere aprobar el Govern balear para Ibiza y Formentera porque, «por operatividad, se tienen que convocar las ayudas al mismo tiempo», apuntan. Por no hablar de que el retraso también está reduciendo el plazo para solicitar las ayudas, que no se modifica.
«El objetivo es agotar las ayudas para que estas lleguen al mayor número de beneficiarios, y el retraso en el inicio de los trámites es perjudicial», denuncia el Govern balear.
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