Reclamar judicialmente una factura de 80 euros costará 200 desde este jueves

Reclamar judicialmente una factura de 80 euros costará 200 desde este jueves

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la nueva Ley de Tasas, que entrará en vigor este jueves, con una serie de tarifas para determinados servicios judiciales. Una normativa que no gusta a abogados y jueces, quienes ya se han manifestado en contra de esta ley y anuncian nuevas concentraciones en la calle al considerar que no se garantiza un derecho constitucional y se provocarán perjuicios en el día a día de la justicia española.

Facua-Consumidores en Acción denuncia que la ley de tasas judiciales aprobada por el Gobierno supone la implantación de una justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos. La asociación recuerda que esta ley, que nace con el rechazo de jueces, abogados, fiscales, procuradores, usuarios y el resto de los grupos parlamentarios, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva "sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión", tal como recoge el artículo 24 de la Constitución Española.

La asociación expone que con estas tasas van a darse situaciones tan aberrantes como tener que pagar 200 euros para reclamar en los tribunales una multa de 150 euros o para exigir la devolución de una factura telefónica de 80 euros. Otros ejemplos implican el pago de 312,50 euros para reclamar daños y perjuicios en los juzgados por la cancelación de un vuelo por cuantía de 2.500 euros, o abonar 715 euros de tasas para exigir 3.000 euros de intereses cobrados de forma abusiva en un crédito o hipoteca, indica Facua.

Para la asociación, "resulta indignante que los afectados por fraudes masivos como el de las participaciones preferentes vayan a tener ahora una barrera más que superar para poder recuperar su dinero. Así, ir a juicio para pedir la devolución de 20.000 euros en una primera instancia requerirá del pago previo de 400 euros". De igual manera, una aseguradora que se niegue a cubrir un siniestro por valor de 2.300 euros podrá quedar impune para aquellos ciudadanos que no puedan pagar los 311,50 que cuesta ahora llevarles ante los tribunales por esa cantidad, denuncia Facua. Además, en caso de que un consumidor pierda en primera instancia y opte por apelar, tendrá que asumir una tasa de 800 euros por recurso, a lo que se le sumaría el depósito judicial que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo han pospuesto y no se va aplicar aún, lo que no quita para que sea una vergüenza.