Los inquilinos de viviendas públicas amenazan con no pagar si no les bajan la renta

Los inquilinos de viviendas públicas amenazan con no pagar si no les bajan la renta

Vecinos de Ciutat Vella, preferentemente, pero también de otros barrios de Valencia como Benimaclet o San Isidro, reclamaron ayer al Ayuntamiento de Valencia la reducción de los alquileres de las viviendas oficiales, la unificación del servicio de administración y la denuncia a las empresas constructoras para que se hagan cargo de los desperfectos que tienen algunos de los pisos, todo ello con la advertencia de que si no obtienen una respuesta positiva dejarán de pagar sus rentas. De hecho, ya se han informado en el juzgado acerca de la posibilidad de abrir una cuenta para depositar allí sus alquileres y no ser acusados de morosos.

En la actualidad, la empresa municipal Aumsa dispone de 640 viviendas en Valencia, de las que aproximadamente un centenar están vacías. En la asamblea de ayer, celebrada en la asociación El Micalet con presencia de representantes de Grupo Socialista y de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, sus ocupantes debatieron y aprobaron cuatro puntos. El primero es la bajada de un 25% en los alquileres de las viviendas públicas propiedad del ayuntamiento de Valencia, que en algunos casos superan los 600 euros mensuales y ya están muy por encima de los precios que se pagan por una vivienda de renta libre. Hay que tener en cuenta que sus alquileres suben según el IPC y el desplome inmobiliario, por contra, ha hecho que se reduzcan notablemente los alquileres del mercado libre.

El segundo punto es la unificación del servio de administrador, que actualmente lo pone el ayuntamiento en cada finca y les sale por más de 200 euros el trimestre. Los vecinos quieren elegir a un único administrador y que se encargue de todas las fincas, lo que abarataría muchos los precios. Hay inquilinos realojados de otros lugares de Valencia que tiene que ir a la oficina de servicios sociales de la calle Mesón de Morella para pedir que les paguen la comunidad, dijeron los vecinos.

También quieren que se interponga denuncia contra las empresas constructoras de las viviendas públicas para que se hagan cargo de los múltiples desperfectos que sufren muchas de ellas, arreglos que hoy por hoy se están cargando a los propios inquilinos.

Información del juzgado
Y en última instancia reclaman la apertura de la oficina de Aumsa en el Barrio del Carmen, concretamente en la calle Vall del Crist, que sólo presta servicio un día a la semana. En esta oficina podrían sugerir, por ejemplo, que no se les cargase el IVA o el IBI, teniendo en cuenta que se trata de viviendas sociales y sus ocupantes gente de renta baja.

En caso de no poder negociar con el consistorio, los vecinos aseguran que dejaran de pagar sus rentas, o mejor dicho, las depositarán en una cuenta fiscalizada por el juzgado para que no puedan ser acusados de morosos y provocar desahucios. Ya han acudido al juzgado para informarse de esa posibilidad y creen que es posible.

Crean un comité para negociar con el ayuntamiento
La asamblea celebrada ayer en El Micalet reunió a más de un centenar de vecinos de distintos barrios de Valencia y una de las medidas que adoptó fue crear un comité que se encargará a partir de ahora de las negociaciones con el Ayuntamiento. En su composición sólamente hay vecinos, aunque en la asamblea de ayer estuvieron presentes Vicent Sarrià, concejal del PSPV, y Joan Ribó, portavoz de Compromís. Sarrià, que recordó la labor que ha realizado su grupo en este sentido, volvió a reivindicar el abaratamiento de los alquileres para mejorar la calidad de vida de los inquilinos e incluso aumentar los ingresos municipales, pues ahora hay cien viviendas vacías que podrían ser ocupadas si las condiciones fueran otras. Sarrià aseguró que la empresa Aumsa ya se ha mostrado dispuesta a rebajar el alquiler de sus locales comerciales para evitar que permanezcan desocupados, que es la tónica general en este momento.