El Gobierno creará un registro de morosos por impago del alquiler

El Gobierno creará un registro estatal de condenados por impago del alquiler

Recogerá las datos de morosos y los pondrá a disposición de los arrendadores

Los nombres de esta lista desaparecerán en seis años o cuando paguen deuda

Otros cambios de la futura normativa: el dueño deberá avisar de la venta 30 días antes, luz verde a las obras pactadas para adaptar el piso a discapacitados,...

El Gobierno creará un Registro de Sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. Éste recogerá los datos de todos los ciudadanos que hayan sido condenados en firme -judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral- por no haber cumplido sus obligaciones de pago para que puedan ser conocidos por los arrendadores.

Así lo recoge una de las 18 enmiendas presentadas en el Congreso por el PP al Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas que será incorporada al texto gracias a la mayoría absoluta de la que gozan los 'populares'.

El secretario judicial o los órganos de arbitraje competentes estarán obligados a remitir la información -aunque no se precisa qué datos concretamente- de estas personas al registro, al que podrán acceder los propietarios de inmuebles que deseen suscribir contratos de arrendamiento, sean personas físicas o jurídicas.

Para consultar esta información, deberán "presentar una propuesta de contrato de arrendamiento en la que se identifique al eventual arrendatario, limitándose la información a la que tendrá derecho a los datos que consten en el Registro, relacionados exclusivamente con dicho arrendatario".

El objetivo, según reza la enmienda, es de "prevención y control", con la vista puesta en "incrementar la seguridad del arrendador" que se ha "visto obligado" a acudir a la Justicia y al que se ha dado la razón, para evitar que quienes ponen inmuebles en el mercado "contraten con quienes ya han tenido el antecedente de obligar a un arrendador a acudir al auxilio judicial o arbitral".

En otra enmienda, el PP insta al Gobierno a presentar un real decreto que regule este registro, que en cualquier caso deberá borrar los datos al cabo de un máximo de seis años desde la inscripción de forma automática, o a requerimiento del deudor cuando haya satisfecho la deuda por la que fue condenado.

La futura Ley del Alquiler sigue moldeándose

Por otra parte, los 'populares' también proponen una modificación sobre las obligaciones del arrendador en caso de querer vender el piso. En este sentido, y siempre que "se haya pactado la renuncia" del arrendatario en el derecho de adquisición preferente, el dueño de la vivienda deberá comunicar a su inquilino su intención de venderla "con una antelación mínima de 30 días a la fecha de formalización del contrato de compraventa".

"Si no, nos podríamos encontrar en la situación de que el arrendatario se enterase de la venta del inmueble cuando ésta ya se hubiese producido, sin tener un plazo mínimo para buscar una nueva vivienda o realizar las gestiones que estime oportunas", se alega en el texto.

Asimismo, el PP incluye un cambio para que los arrendatarios puedan realizar las obras que sean necesarias para adecuar la vivienda a su condición de discapacitado o a la del cónyuge o cualquier otra persona con la que conviva de forma permanente. No obstante, deberá notificar estos cambios por escrito al arrendador y, en caso de que éste lo exija, deberá reponer la vivienda al estado anterior al término del contrato.

También se propone que el aviso del propietario al inquilino cuando tenga necesidad de la vivienda para sí mismo o para familiares deberá realizarse "al menos con dos meses de antelación" a la fecha de salida, y se recoge la posibilidad de que las partes puedan llegar a acuerdos diferentes.

Las enmiendas del Grupo Popular incluyen también algunas modificaciones con respecto a los desahucios por impago del alquiler, tales como que "la falta de oposición al requerimiento (de desalojo) supondrá la prestación de su consentimiento a la resolución del contrato de arrendamiento que le vincula con el arrendador".

Si el inquilino no atendiera el requerimiento de pago o expresara su oposición, o si efectuara el desalojo pero no pagara la cantidad reclamada, el decreto dando por terminado el procedimiento "impondrá las costas al demandado e incluirá las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda y hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda".

El PP también ha presentado un paquete de enmiendas para adecuar las funciones de secretarios judiciales y jueces en función del reparto competencial recogido en la Ley de Reforma de la Legislación Procesal par la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Los 'populares' han decidido suprimir los tres artículos del proyecto de ley que hacían referencia, respectivamente, a la flexibilización del régimen fiscal del Impuesto de Sociedades aplicable a los arrendatarios, a la regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) y al gravamen especial del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. La justificación para esta decisión se encuentra en que estas previsiones están ya contenidas en la Ley de Medidas Tributarias para la Consolidación de las Finanzas Públicas aprobada el año pasado.

Facua califica de 'injusto' el registro de condenados por impago del alquiler

Facua-Consumidores en Acción ha mostrado "su preocupación" por la creación por parte del Gobierno de un registro de condenados por impago del alquiler a disposición de los arrendadores. Esta organización cree que "de manera injusta puede afectar a personas que no son 'morosos profesionales'".

Su portavoz, Rubén Sánchez, señala que en su enmienda el PP "no ha medido y tenido en cuenta la coyuntura económica actual de crisis" y que, a pesar de su objetivo, la medida no va a fomentar el acceso al alquiler en España.

Sánchez subraya que esta medida es "injusta con las personas víctimas de la crisis" que no puedan por ello hacer frente a sus rentas de alquiler de manera puntual y que no tiene sólo por objetivo el censurar a los 'morosos profesionales'.

Igualmente, considera "excesivo" el plazo de seis años de permanencia de los datos del infractor en el registro, ya que se trata "de un periodo largo para que el perfil económico pueda variar".

El Gobierno creará un Registro de Sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, donde se recogerán los datos de todos los ciudadanos que hayan sido condenados en firme, judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral, por no haber cumplido sus obligaciones de pago para que puedan ser conocidos por los arrendatarios.

Así lo recoge una de las 18 enmiendas presentadas en el Congreso por el PP al Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que recoge Europa Press y que será incorporada al texto gracias a la mayoría absoluta de la que gozan los 'populares'.

El registro de inquilinos morosos quiere poner en alquiler 500.000 pisos vacíos

La creación de un registro de inquilinos condenados por impagar el alquiler, que ha incluido el PP en el proyecto de ley de Fomento del Alquiler, pretende movilizar más de 500.000 pisos vacíos, situados en ciudades de más de 50.000 habitantes, cuyos propietarios no los ponen en alquiler por miedo a dar con un inquilino que no pague la renta, que les obligue a asumir costes judiciales para desahuciarle o que incluso pueda dañar el piso.

José García Montalvo, profesor de Economía de la UPF, explica que el registro, y otras medidas incluidas en el proyecto de ley como reducir la duración mínima del contrato a 3 años "ha de facilitar la transformación que está viviendo el mercado inmobiliario, que hasta ahora se basaba en la compra y que está pasando al alquiler", que a su juicio alcanzará al 25% de la población en pocos años. "Con un alto paro, inseguridad en el empleo, renta disponible a la baja, crédito bancario escaso, y el recuerdo claro del desastre que supuso para muchas familias estar atadas a una hipoteca, la demanda de vivienda se ha decantado decididamente por el alquiler", asegura.

La oferta, sin embargo, va en la dirección contraria. Según los datos de la consultora Forcadell "la oferta de vivienda en alquiler mantiene un descenso lento, pero progresivo en grandes ciudades como Barcelona con gran capacidad de absorción", mientras que "las peticiones de inmuebles en alquiler crecen a tasas del 10%". Esa oferta, sin embargo, podría aumentarse. Según García Montalvo, "muchos propietarios que compraron pisos como inversión y que no pueden venderlos tendrán que asumir que la única manera de obtener algo de rentabilidad será ponerlos en alquiler. Y lo mismo el Sareb o banco malo o los propios promotores".

Según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid, los datos del INE indican que 3,6 millones de viviendas en España están vacías, pero de éstas sólo un 29% (un millón de viviendas) están en ciudades de más de 50.000 habitantes, que son las que concentran la demanda de alquiler. Esta cifra, señalan, debería reducirse aproximadamente a la mitad para excluir los pisos en mal estado (el 20% de los pisos vacíos no están en condiciones de habitabilidad) y los que están en un periodo transitorio (pisos de personas mayores que viven en residencias o con un familiar, pendientes de herencias o comprados para que vivan los hijos cuando estudien en otra ciudad o cuando se emancipen). Esto dejaría los pisos realmente disponibles en cerca de 500.000, de los que una buena parte son propiedad de la banca.

Según José Manuel Montané, secretario general de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, la eficacia de tener un registro de morosos dependerá "de que sea realmente ágil, y pueda dar una respuesta rápida sobre la solvencia del inquilino, y de que tenga datos de toda España, puesto que hoy la población se mueve mucho". Montané asegura que según la experiencia de la Cambra "cuando el inquilino impaga sin mala fe, porque le han sobrevenido problemas económicos, suele ponerse en contacto con el propietario, buscan fórmulas de pago aplazado si el impago ha sido puntual, o pactan amistosamente que deje la vivienda buscando otro alojamiento más económico". En cambio, asegura, "en la mayoría de los casos que vemos aquí el inquilino que no paga ni siquiera se presenta cuando le requerimos". Para la Cambra, sin embargo, más importante que crear un registro es agilizar el desahucio: ahora tarda de media 4 ó 5 meses, pero en algunos juzgados se alarga hasta ocho.

En el otro extremo, el PSOE consideró que crear un registro de sentencias firmes de impagos de alquiler "impedirá a las personas desahuciadas volver a tener una casa y las condenará a la indigencia". Del mismo modo, para la asociación de consumidores Facua la medida es injusta con las personas que no pueden pagar de forma puntual por la crisis, que quedarán equiparados a los "morosos profesionales".