San Sebastián revisará a todos los inquilinos en alquiler de VPO

El Ayuntamiento de San Sebastián (Bildu) revisará la situación de los arrendatarios de todas las viviendas públicas de alquiler, en las que ha constatado numerosas irregularidades en una primera inspección realizada en unos 200 pisos para comprobar si sus inquilinos cumplían con los requisitos legales para poder habitarlos.

Entre las irregularidades constatadas, la Sociedad Pública de Vivienda Etxegintza, dependiente del Ayuntamiento, ha determinado que hay inquilinos que superan los ingresos máximos, son titulares de otras viviendas o han subarrendado a terceros la casa o parte de la misma. También ha comprobado que hay quien vive en el piso sin haber sido el adjudicatario del mismo, que falleció.

El parque de viviendas públicas de alquiler que será objeto de esta revisión, y que en su mayoría ha vencido el plazo del contrato, será de 1.841 viviendas, de las que 1.317 corresponden al régimen general de alquiler, 283 son apartamentos para jóvenes y 241 edificios para mayores.

Las actuaciones para comprobar el cumplimiento de las condiciones necesarias para poder habitar una VPO de alquiler se han iniciado en las 90 casas de la Plaza Lasarte, cuyos contratos, con una duración de cinco años, databan en general de 1994, y cuya vigencia se mantiene porque «ninguna de las dos partes ha instado a la otra para que se produzca la extinción». En estas revisiones se ha constatado que se incumplen diferentes requerimientos legales para continuar viviendo en estos pisos protegidos. Igualmente, el Consistorio ha revisado también las 100 viviendas de VPO de Contadores.

El Ayuntamiento ha verificado mediante el Padrón Municipal la identidad de quienes aparecían como residentes en estos pisos y ha comprobado los datos económicos de los arrendatarios legales y de las personas que se habían empadronado con posterioridad a la firma del contrato, así como si estas personas son titulares de algún otro inmueble. «Es una obligación afrontar esta revisión», aseveró ayer el concejal de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Burutaran, quien resaltó que a partir de ahora se dotará de «estabilidad» a aquellos inquilinos que cumplan con los requisitos.

Dentro de las labores de inspección para acabar con la falta de control que ha existido, el Consistorio donostiarra ha solicitado una serie de datos a los arrendatarios para constatar si cumplen con los requisitos, de modo que, en caso contrario, no se les renovará el contrato y deberán abandonar el piso. En concreto, afectaría a personas que son titulares de otra vivienda (está prohibido disponer del 50% o más de otras propiedades inmobiliarias y si la participación fuera menor su valor no puede superar los 75.000 euros) o presentan unidades convivenciales que exceden los ingresos máximos, de 39.000 euros ponderados en función del número de miembros de la unidad convivencial.

Entre los requerimientos legales, los inquilinos de estas VPO de alquiler tampoco pueden subarrendar parte o toda la vivienda a terceros ni realizar actividades económicas en la misma, al tiempo que deben mantener la casa en las condiciones adecuadas.

En el caso de los arrendatarios que hayan cumplido sus obligaciones contractuales y reúnan los requisitos para resultar adjudicatarios de una VPO, el Ayuntamiento procederá a suscribir un nuevo contrato con «la adecuación de la renta a la situación económica actual». El Gobierno de Bildu ha decidido que los arrendatarios de viviendas de Etxegintza pagarán en función de la renta, en la medida en que estos alquileres se vayan renovando. «Es una manera más justa que la actual de establecer un precio, ya que se ajusta a las posibilidades económicas de cada unidad convivencial», aseguró Burutaran.

A aquellas personas que habitan en la VPO y «en apariencia carecen de título que les habilite para ello», el Ayuntamiento les concederá un plazo de audiencia para que «tengan oportunidad de acreditar el título que les faculta a ocupar» el piso si no quieren ser desalojados de la vivienda. Además, vigilará que se cumpla la legislación relativa a arrendamientos para los casos de subrogación por fallecimiento, separación o divorcio.

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/05/07/536a04fc22601d314e8b4570.html