En la calle y sin nada porque su casero cambió la cerradura y alquiló el piso a otros inquilinos

La pesadilla empieza la noche del 9 de junio. Rosa María González y su marido Rafael Gálvez llegan a su casa con su hijo de 12 años después de haber ido a una comunión. Son las once de la noche. Introducen la llave en la cerradura pero la puerta no se abre. Dentro hay unos desconocidos que se niegan a abrirles. No se pueden creer lo que les está pasando. Llaman a la Policía Local; las cinco personas que ahora están en el hogar de esta familia abren a los agentes y les enseñan un contrato de alquiler con fecha de una semana antes y firmado por el mismo casero que arrendó a Rosa en diciembre ese piso en el edificio Géminis de Platja d´en Bossa. El hombre que ha aprovechado la ausencia de la familia para cambiar la cerradura y meter a otros inquilinos a los que ya cobra precio de apartamento en Eivissa en verano.

Rosa tiene 57 años y Rafael 56, y se han quedado sin nada. Solo conservan lo que llevaban encima aquella noche. Todo lo que tenían en su casa ha desaparecido. El libro de familia, los pasaportes, la Play Station y los juegos del niño, su mochila del colegio y todos sus libros y material escolar, la ropa, los zapatos, la televisión, los cacharros de cocina... En un instante se han convertido en una familia sin techo, sin nada, obligada a dormir en colchones tirados en el suelo del salón del piso que su hijo mayor, de 34 años, comparte con otros compañeros. «No tenemos nada. Nos han quitado hasta las cosas del colegio de mi niño», exclama indignado Rafael.

La sentencia decepcionante

La misma noche en que el matrimonio se quedó en la calle con su hijo muerto de sueño fueron a denunciarlo en el cuartel de la Guardia Civil. La magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Eivissa, Carmen Martín, ha dado la razón a este matrimonio y ha dictado una sentencia que condena al hombre que les alquiló el piso (que no es su propietario) a pagarles 200 euros de multa –20 días de multa con una cuota diaria de 10 euros– por una falta de coacciones. La magistrada considera probados los hechos: el casero cambió la cerradura de la casa aprovechando la ausencia de la familia, pese a que estaba en vigor el contrato de arrendamiento que había firmado en diciembre de 2013. También da por probado que dentro había otras personas que mostraron a la Policía Local un contrato de alquiler del piso.
La sentencia considera que estos hechos constituyen una falta de coacciones, pero argumenta que no puede conceder las peticiones que hizo la abogada de la familia porque corresponden a la jurisdicción civil y el juzgado en el que se ha presentado la denuncia es penal.
La abogada de Rosa pedía que se devolviera la vivienda a la familia o una indemnización de 500 euros por cada mes que estuvieran fuera de su hogar y 3.000 euros por los efectos que les han desaparecido, pero la juez considera que no se puede acreditar que ese sea el coste de los bienes perdidos. La abogada también reclamó una pena de 20 días de multa con cuota diaria de 200 euros, pero la cuantía total se ha quedado reducida a 200 euros.

La abogada de la familia solicitó a la juez que adoptase medidas cautelarísimas y que les devolvieran la vivienda y sus cosas mientras duraba la instrucción, pero lo desestimó y ni siquiera hubo instrucción porque la magistrada consideró que se trataba de una falta y no de un delito. La juez argumenta en su sentencia que eso excede sus competencias y que deben reclamarlo en un juzgado civil. Un quiebro más en esta historia que parece firmada por Kafka.

No opina igual la defensa del matrimonio, que considera que la responsabilidad civil se puede exigir en la vía penal (es decir, que la juez podía haber establecido medidas de responsabilidad civil), ya que todo delito o falta genera una responsabilidad civil y en este caso, lo que denunciaron fue un delito o varios, y no una falta. La consecuencia es que se sienten indefensos ante la Justicia. Quieren recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial, pero para cuando se resuelva el recurso ya habrá pasado el verano.

Eivissa, un sueño truncado

El matrimonio vivía en Madrid hasta que Rafael, psicólogo, se quedó en paro después de trabajar durante un año en un geriátrico concertado con la Administración, en el que las familias fueron sacando a sus ancianos debido a la crisis. Decidieron probar suerte en Eivissa, donde vivía su hijo mayor y donde ya habían regentado un restaurante en Platja d´en Bossa, que tuvieron alquilado durante cinco años, hasta 2012, cuando se acabó el contrato y volvieron a la capital. Ahora tienen un bar arrendado en Eivissa que les va «fatal».

El matrimonio prefiere que no se les reconozca en las fotos. Ambos sufren por su hijo pequeño, que empieza el instituto el próximo curso y que se quiere ir de Eivissa. ¿Qué van a hacer ahora? No lo saben. Están buscando una vivienda, pero les piden sumas disparatadas: 1.500 euros por un piso en Cala de Bou, de 700 a 900 por una habitación en un piso compartido...

«Estoy desesperada», suspira Rosa, cuya mirada triste y sus profundas ojeras reflejan su desolación: «No lo entiendo. Estando en la calle, con un niño... Nos ha dejado pelados –susurra–. No tenemos nada. No sé ni dónde hay que ir aquí para hacer un libro de familia». El matrimonio no se explica la sentencia, que considera probados los hechos, pero que no repara el atropello que han sufrido por parte del hombre que les ha dejado en la calle y se ha quedado con sus cosas o las ha tirado.

«Qué barato sale tomarse la justicia por su mano», reflexiona con amargura Rafael. En este caso, 200 euros.

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/06/29/calle-instante/703355.html