El alquiler de habitaciones a turistas será regulado por la Generalitat

El Gobierno catalán ha decidido regular la oferta de alojamiento turístico que vienen prestando particulares en sus domicilios a través de plataformas de Internet. Los ciudadanos podrán alquilar habitaciones de su vivienda “habitual y permanente” a viajeros a cambio de abonar la tasa turística a la que están sujetos el resto de modalidades de alojamiento. El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha explicado hoy que los hogares podrán hospedar a turistas por estancias que no superen los 31 días y en conjunto solo podrán desarrollar esa actividad un máximo de cuatro meses al año, no necesariamente consecutivos.

El Ejecutivo catalán ha dado un paso adelante incorporando a la normativa turística la oferta que ofrecen portales como Airbnb. Eso supone un viraje de la política de la Generalitat, que el año pasado se convirtió en la primera Administración europea en multar a la plataforma norteamericana por ofrecer alojamientos ilegales. “Se trata de una modalidad de bed and breakfast en vivienda compartida”, ha afirmado el consejero Puig, quien ha asegurado que el objetivo es “evitar la economía sumergida” y la “indefensión del consumidor”. Este tipo de alojamientos ahora se hallaban en un limbo jurídico, por lo que estaban en el punto de mira del sector hotelero.

La Generalitat ha optado por adoptar el modelo que han seguido ciudades como Ámsterdam (Países Bajos) o San Francisco (Estados Unidos), que en su día también plantaron cara a Airbnb y que finalmente decidieron regular esos alojamientos a cambio de que los viajeros abonaran la tasa turística. En el caso de Cataluña, a los huéspedes se les aplicará el tipo mínimo de la tasa, de 0,65 euros por noche en Barcelona y de 0,45 euros en el resto de la comunidad. Los propietarios estarán sujetos a algunas condiciones: como máximo podrán ceder dos habitaciones, no se podrán albergar a más personas que las previstas por la cédula de habitabilidad y el dueño debe seguir viviendo en el inmueble durante la estancia de sus clientes.

El futuro decreto, que primero será sometido a información pública, también regula las viviendas de uso turístico que recogen esas páginas web. El texto contempla que toda la oferta que contengan esas plataformas sean consideradas como alojamiento turístico, por lo cual deberán estar en el registro de la Generalitat. Puig ha recordado que los Ayuntamientos tendrán siempre la última palabra, puesto que podrán decidir a través de sus ordenanzas en qué zonas aprueban o prohíben la presencia de cada una de esas modalidades, si bien no podrán determinar sus servicios.