Barcelona quiere regular con topes el precio de los alquileres

Ada Colau despuntó el melón el pasado 1 de marzo y comprobó que aún estaba verde. “Seamos valientes, hace falta una regulación de los alquileres”, dijo la alcaldesa de Barcelona. Las reacciones más hostiles en el paredón de las redes sociales, que fueron la mayoría, iban desde quienes lo limitaban a una simple ocurrencia de Colau hasta quienes la acusaban de atentar contra las sagradas leyes del mercado y de tontear, por lo tanto, con el comunismo. El pleno del Ayuntamiento de Barcelona cortará el viernes 1 de julio la otra punta del melón. Por una amplia mayoría, el consistorio aprobará una proposición en la que reclama al Gobierno central que “regule el mercado privado del alquiler para impedir las subidas indiscriminadas de los precios” y para “evitar nuevas burbujas inmobiliarias”. Barcelona pone sobre la mesa los casos de Berlín y París para defender que es posible regular el mercado del alquiler y no ser por ello un agente del chavismo en Europa.

El gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Burón, sostiene que los síntomas de Barcelona indican que va de cabeza a una nueva burbuja inmobiliaria, en esta ocasión del alquiler. Los precios tocaron fondo en el 2013, con un precio medio en la ciudad de 682 euros. Desde entonces, suben con fuerza, por encima del 6% durante el 2015, con más fuerza, desde luego, que los salarios, por lo general estancados o a la baja.

Las medias, sin embargo, siempre ocultan algo, y en este caso nada bueno. Las estadísticas oficiales sobre el alquiler en Barcelona revelan, por ejemplo, que aunque los arrendamientos, como es lógico, son más caros en Sarrià-Sant Gervasi (unos 1.045 euros al mes en septiembre del 2015), el porcentaje de la renta disponible que las familias dedican a la vivienda es allí mucho menor (un 12%, aproximadamente) que en barrios más populares, donde las familias tienen que dedicar al alquier más de un 25% de sus ingresos. También ocultan otras sorpresas. El precio del metro cuadrado de alquiler sube por encima del precio medio de los pisos. Es decir, cada vez se paga más por menos.

La conclusión que saca ante todo este cúmulo de síntomas el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, queda claramente expuesta en el primer punto de la proposición que aprobará el pleno, en la que se reclama que el Gobierno central regule el mercado del alquiler o, como aternativa, que delegue en la Generalitat o en el propio Ayuntamiento de Barcelona la capacidad de vincular la subida de los alquileres al nivel de rentas de la población y a las características del piso y del barrio. El recorrido de la petición puede ser, de entrada, corto. Pero hay una notable novedad en comparación con cuando Colau, en marzo, sugirió esta medida. La proposición municipal cuenta con el respaldo del principal grupo de la oposición, CiU, que ha redactado parte del texto, del PSC y de Esquerra, además del de Barcelona en Comú. Es un frente, pues, muy amplio.

Lo que inspira la proposición es lo que ya hacen Berlín y París. Ambas ciudades disponen, en primer lugar, de un baremo de precios recomendados. Aunque siempre perfectible, lo que el ayuntamiento hace en esas ciudades es sugerir una cifra en función del tipo de calle y las características del piso. Propietario e inquilino conocen la cifra. Pretender que el respeto que parisinos y berlineses tienen a ese baremo sea exportable a España es, probablemente, muy inocente. Pero sería un primer paso.

Lo interesante son las medidas complementarias que han introducido París y Berlín a esa carta de precios. La capital alemana, por ejemplo, pone un límite a los incrementos en el alquiler. No puede superar el 10% del coste del contrato extinto. Esa medida es doblemente interesante si se tiene en cuenta que la duración habitual de los nuevos contratos en Berlín es de 10 años, nada que ver con lo que sucede en España, donde la última reforma legislativa redujo a solo tres años la duración de los contratos, un plazo que, en caso de burbuja, resulta muy dañino para los familias que viven en régimen de alquiler. De hecho, la enmienda que CiU ha introducido en el texto hace mención específica a esa cuestión. Con contratos de tres años, no solo el futuro a corto plazo del inquilino es una neblina, sino que se abona el campo para los procesos de gentrificación, expresión traducida con trazo grueso del inglés y que sirve para definir aquellas crisis sociales en las que los vecinos de un barrio son expulsados por nuevos residentes que disponen de rentas más altas.

La fórmula parisina es una variante de la de Berlín. Lo que fija la ley es una horquilla de lo que puede subir o bajar un alquiler con el punto de mira puesto en el baremo municipal.

Es una iniciativa que ya se hace en otras ciudades de Europa y los alquileres de Barcelona están subiendo a un precio inaccesible para casi cualquiera, así que lo veo muy bien.

Mañana es tarde para implementar la medida. Que empiecen con ello lo antes posible.