Diez empresas son dueñas de 3.000 pisos de alquiler en Barcelona

Diez empresas e instituciones son propietarias de edificios enteros que suman casi 3.000 pisos de alquiler en Barcelona. Lo ha revelado este martes el Sindicato de Inquilinos, que con el trabajo de investigación que ha presentado busca demostrar dos cuestiones. Una, que el 80% de los vecinos que acuden al sindicato porque no pueden quedarse en sus pisos son inquilinos de fincas de propiedad vertical. Y dos, "desmontar la idea de que en Barcelona los dueños de los pisos de alquiler son pequeños propietarios".

Entre las empresas que el Sindicato señala figuran compañías que han comprado algunas de las fincas que han sido noticia por los problemas que han revelado sus inquilinos o también por la intervención del Ayuntamiento de Barcelona, sea comprando inmuebles o parando obras que no se ajustaban a la legalidad. "Hacemos públicos estos datos, las vergüenzas de la propiedad, porque ellos lo hacen cada vez que queremos alquilar un piso: saben nuestro nombre, nuestra nómina, quién es nuestra pareja...", ha manifestado Marta Ill, una de las portavoces del Sindicato. También ha denunciado la complicidad de propietarios locales en estas prácticas: "Necesitan socios de aquí, propietarios de casa que juegan con la vida de los inquilinos, tienen también su parte de responsabilidad".

La organización de inquilinos se presentó públicamente en mayo del año pasado y cuenta actualmente con más de un millar de afiliados. Además de presentar el resultado de su investigación, el Sindicato ha presentado la campaña #EnsQuedem ("nos quedamos") y #LloguersJustos ("alquileres justos"). Los dos lemas son una llamada a "resistir" a las personas a las que se acaba el contrato de alquiler y no se lo renuevan o les suben la renta. Una resistencia que "en cada caso deberá medirse en relación a las fuerzas que tenga cada afectado para ir o no lejos", ha explicado Irene Sabaté, otra portavoz del Sindicato. Una de las posibilidades que sugiere la organización para hacer efectiva esta resistencia es continuar pagando el alquiler ante el juzgado pero de acuerdo a la cantidad que se pagaba con el contrato en vigor o lo que cada familia considere un alquiler justo.

Sabaté ha explicado que, de media, los casos que llegan al Sindicato son de familias que destinan un 46% de sus ingresos a pagar la vivienda, cuando todos los expertos recomiendan que el gasto no supere el 30%. "Queremos que los desplazamientos forzados, los desahucios invisibles, dejen de verse como una situación aceptable, están destruyendo el tejido social de los barrios y pedimos poder echar raíces. Hasta ahora asumíamos que el nomadismo era una condición del alquiler, pero nos plantamos".

El Sindicato ha vuelto a recordar que su objetivo final es conseguir una Ley de Arrendamientos Urbanos (la celebre LAU) más justa: con contratos más largos, estables y asequibles, que "primen el uso de la vivienda por encima de su uso como mercancía". "Si los poderes públicos no defienden el derecho a la vivienda, tendremos que ser los ciudadanos", ha manifestado Sabaté.

Sobre la posibilidad de convocar una huelga de inquilinos que dejaran de pagar el alquiler, el Sindicato ha contestado que "ahora mismo es una herramienta que supone entrar en el terreno de lo inexplorado, pero que se practica en otras ciudades con éxito. Desde el edificio de 150 viviendas de alquiler que hay en Sant Joan Despí, a cuyos propietarios les han anunciado grandes subidas de la renta, uno de sus representantes ha asegurado que "dejación de pago no se ha contemplado en ningún momento". "Estamos de acuerdo en pagar, pero pagar lo justo, si hace falta ante el juzgado, pero no pagar iría en contra de nuestra política de luchar por quedarnos".