IU-ICV-CHA pide un parque de alquiler con los activos inmobiliarios de entidades intervenidas

Economía/Vivienda.- IU-ICV-CHA pide un parque de alquiler con los activos inmobiliarios de entidades intervenidas

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso en la que pide al Gobierno que utilice los activos inmobiliarios de las entidades intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para conformar un parque de alquiler público, así como que se obligue a todos los bancos y cajas que reciban ayudas públicas a aceptar la dación en pago.

Según consta en la iniciativa, que recoge Europa Press, se pide al Ejecutivo que "desarrolle un parque público de alquiler social con los activos inmobiliarios que puedan transferirse a las sociedades para la gestión de activos" inmobiliarios en virtud de la aplicación de la última reforma financiera.

"Un servicio público de vivienda en alquiler permitiría a muchos ciudadanos vivir dignamente sin esfuerzos económicos desmedidos para pagar la vivienda, contribuiría a crear ciudades equilibradas social, económica y urbanísticamente, y permitiría cuidar mejor el medio ambiente", señalan.

Además, aseguran que generaría externalidades positivas desde el punto de vista económico, al permitir que las generaciones sin asfixia hipotecaria puedan disponer de recursos destinados a actividades productivas, al favorecer la movilidad geográfica y profesional, al reorientar inversiones hacía sectores económicos de valor añadido superior al de la construcción, o al poner a la economía a cubierto de crisis inmobiliarias de carácter cíclico".

DACIÓN EN PAGO.

Además, IU- ICV-CHA reclama que se establezca que "las entidades financieras que reciban cualquier tipo de ayuda pública y, en particular, en la nacionalizada Bankia, la dación en pago y el alquiler social sean soluciones para las familias que, como consecuencia de la crisis, no puedan hacer frente a sus deudas hipotecarias".

En este sentido, consideran que esta política debe ser "directriz prioritaria" de la acción del Gobierno para acabar con un problema social que, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), afecta cada día a unas 300 familias.

SUBASTAS SIN POSTORES.

Por otra parte, la Izquierda Plural ha presentado otra proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso en la que pide al Gobierno que eleve el precio mínimo de puja en las subastas hipotecarias sin postor hasta el 80% del valor de tasación de las viviendas, alertando de que muchas entidades bancarias están "burlando" la actual normativa, que fija este 'suelo' en el 60%.

Según se recuerda en la iniciativa, que recoge Europa Press, hace ahora un año el Gobierno socialista modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar del 50% al 60% del valor de tasación el precio mínimo por el que las entidades financieras u otros interesados pueden adjudicarse las viviendas que salen a subasta pública por impago de hipoteca y en las que no hay postores. El objetivo era "aliviar" la deuda pendiente de los ciudadanos tras ser desahuciados.

Sin embargo, dado que la ley permite adjudicarse el inmueble ley por el 50% de la tasación "siempre que se mejore la oferta de otro aspirante", bancos y cajas "siguen adjudicándose los inmuebles por la mitad del valor de tasación porque hacen que sus sociedades filiales concurran a la subasta y pujen por la vivienda una cantidad inferior por el inmueble, sin importarles el perjuicio ocasionado a las personas desahuciadas".

LOS BANCOS "HACEN DE LA CRISIS UN NEGOCIO REDONDO".

"Esta práctica, además de burlar el espíritu de la reforma y ser una incongruencia legal, evidencia una vez más la mala praxis de las entidades financieras españolas que una vez más hacen de la crisis un negocio redondo", critica la Izquierda Plural, señalando que además esta estratagema permite a las entidades evitar que el inmueble figure en su balance y solicitar la devolución del IVA.

Por todo ello, reclaman al Ejecutivo de Mariano Rajoy que promueva las reformas legislativas necesarias para evitar que, en caso de la subasta de viviendas que constituyan el domicilio habitual del deudor, no se pueda producir la adjudicación a un tercero ni al acreedor ejecutante si la postura no cubre como mínimo el 80% del valor por el que fue tasada la vivienda en el momento de la concesión del crédito con garantía hipotecaria.

"Resulta del todo necesario promover, cuanto antes, los cambios legislativos necesarios para proteger a las personas y familias que se ven privadas de su vivienda habitual en procedimiento de subasta, de las consecuencias injustas que supone el que puedan seguir afectados al pago de una deuda cuyo objeto ya han perdido", señalan para añadir que "todo ello con carácter urgente y de forma provisional en tanto se implementan las reformas necesarias para implantar un sistema efectivo y justo de dación en pago con liberación total de la deuda con garantía hipotecaria, cuando la ejecución afecte al domicilio habitual del deudor".

De hecho, el Pleno del Congreso rechazó hace unas semanas con el voto en contra del PP una proposición de ley presentada también por IU-ICV-CHA en la que se sugerían una serie de medidas para evitar el sobreendeudamiento personal, acotar las exigencias para conceder hipotecas y regular la dación en pago.