Castilla-La Mancha permitirá aplazar el pago del alquiler a sus inquilinos en dificultades

Castilla-La Mancha permitirá aplazar el pago del alquiler a sus inquilinos en dificultades

Castilla-La Mancha también cuenta con un nuevo decreto en materia de vivienda, pero en este caso -al contrario que en el caso de Andalucía- esta normativa sólo regulará las viviendas protegidas en propiedad. El Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal ofrecerá la posibilidad de aplazar el pago del alquiler a los inquilinos que estén en dificultades económicas. Además, también ha aprobado rebajar una media del 27% el precio de venta de sus pisos.

Éste ha sido uno de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, del que ha informado la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada. Ésta ha explicado que se ha tomado en consideración el proyecto de decreto por el cual los inquilinos de viviendas de alquiler propiedad de la Junta podrán aplazar el pago o fraccionarlo, medida de la que se podrán beneficiar 1.500 familias que cumplan los requisitos estipulados.

Es una medida temporal -por dos años- mediante la que se brinda a esas familias la posibilidad de pagar las rentas de forma aplazada e incluso suspender temporalmente el pago del alquiler. De la Calzada ha resaltado la vocación social de esta iniciativa destinada a proteger a los inquilinos que por causas económicas justificadas tienen dificultades para pagar el arrendamiento.

Asimismo, se hará una modificación normativa para que la Junta pueda ceder parte de sus viviendas a entidades sin ánimo de lucro con el fin de destinarlas a familias en situación de especial marginación o exclusión social. Algo que hasta ahora no estaba permitido en la legislación de vivienda de la comunidad.

Por otro lado, para dar salida al 'stock' de viviendas de protección oficial que están vacías, y que asciende a 800, el Gobierno regional va a poner la mitad en alquiler con opción a compra (el 70% de ellas tendrá un alquiler inferior a los 200 euros mensuales), y la otra mitad tendrá una rebaja media del precio de un 27%.

De la Calzada ha señalado que se da la circunstancia de que ahora la vivienda libre es más barata que la protegida, de hecho, mientras la primera ha bajado su precio un 10,3%, la de protección ha subido un 0,5%. Con estas medidas, según la consejera, se resuelven dos problemas fundamentales, pues se atiende a los arrendatarios con dificultades económicas debido a la crisis, y se contribuye a disminuir el excedente de vivienda vacía de la Junta.