Nueva ley que permite expropiar tejados y azoteas para instalar antenas

Las empresas de telefonía no necesitarán licencia para instalar antenas

El reusense Joan Carles López, experto en geobiología y contaminación electromagnética, creó en Change.org una petición para eliminar el artículo 29 del anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones. «Vulnera el derecho a decidir de instalar en cualquier terreno o vivienda infraestructuras de telecomunicaciones, incluidas las antenas de telefonía por medio de la expropiación forzosa», argumentó.

El mensaje iba dirigido al Congreso de los Diputados, precisamente la cámara que ha aprobado el proyecto de ley que debe facilitar el despliegue de redes de nueva generación, con los votos favorables de PP, PSOE y CiU. La legislación debe implantar medidas para la universalización de servicios, mejora en los derechos de los consumidores y clientes y potenciación de la economía.



Voces en contra


Sin embargo, no han tardado en surgir voces en contra que consideran polémica la normativa. Por un lado, se simplifican los procedimientos administrativos estatales para acceder al espectro radioeléctrico. Por el otro, se suprimen las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. «La norma es recentralizadora, porque todo pasa por Industria. Otra cosa que cambia es que hasta ahora se necesitaba una licencia, un permiso, y ahora la normativa es mucho más light, es más sencillo colocar una antena. Todo es mucho más favorable para los operadores, a los que se les había acabado la expansión y buscaban como solución para captar clientes la fibra óptica», explica Antonio Lázaro, profesor del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV.

Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables. Sin embargo, el punto más peliagudo es el que atañe al «derecho de ocupación de la propiedad privada». Dice el anteproyecto de ley:«Los operadores tendrán derecho a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red en la medida prevista en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas».



Lugares con poca cobertura

Algunos sostienen que la ausencia de las licencias dejará a las comunidades de vecinos sin potestad de decidir. «Es un atentado contra la libertad de las personas. Te dirán que no te puedes negar. Es una indefensión total. Te guste o no te guste, tendrás que dejar que instalen una gran antena allí donde vives. Se acabará ese proceso de negociar con vecinos», explica Joan Carles López. «Como hay tanto uso de smartphones, faltan de antenas y hay puntos oscuros, lugares con poca cobertura. Hay que imaginarse una cala virgen y que se necesite una antena. Te pueden expropiar también el derecho a paso. No habrá nada que hacer», diganostica López.

Añade el texto de la ley: «Se facilitará el despliegue de las redes fijas de telecomunicación en los edificios y se garantizará el derecho de cualquier usuario a poder acceder a las redes ultrarrápidas, lo que implica que si un residente desea contratar servicios de redes ultrarrápidas, la comunidad de vecinos deberá permitir el despliegue necesario para proporcionar ese servicio».



‘Expropiación de tejados’

La protesta también llegó al ámbito político. El portavoz de la Izquierda Plural, que votó en contra en el Congreso, Chesús Yuste, criticó cuestiones como las medidas para instalar antenas, aspecto que considera una «barbaridad» ya que supone «la expropiación forzosa de tejados y azoteas en favor de operadores que quieran instalar antenas».

Según Yuste, la futura ley prioriza los intereses de las grandes corporaciones por encima de la ciudadanía. También UPyD votó en contra al considerar que la nueva ley «protege» el modelo de negocio de los operadores existentes y no elimina barreras, lo que demuestra que está «más preocupada» por proteger los derechos de las empresas que los de los consumidores, en un sector «donde los abusos son normales», dijo el diputado Carlos Gorriarán.

Pese a esos puntos en contra, la nueva ley pretende mejorar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores con esos derechos de los usuarios, se precisa un régimen sancionador. La legislación prevé también crear una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental, reforzar la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

David Ferré, presidente de la comisión de infraestructuras de tecnología de la comunicación del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Catalunya, desgrana los pros y los contras: «Nos encontramos con una buena oportunidad para hacer una foto tecnológica de la sociedad actual. Un punto en contra es que la norma cede ante los grandes ‘lobbies’ de las telecos. Si la ley sale con el texto actual, continuaremos en un oligopolio. Si hasta ahora las operadoras tenían virtualmente el poder, ahora lo tienen por escrito».

Ferré critica la ausencia de licencias: «No estamos de acuerdo con que la eliminación de autorizaciones sea un aliciente para la inversión. Si los operadores tienen técnicos, están preparados para hacer los proyectos tan rápido como se precise. Con esta eliminación igual se ganan 15 días, pero ¿no es normal que haya un proyecto cuando hay que hacer alguna cosa?. Es la ‘xocolata del lloro’. Ese dinero que se ahorren no será el motivo de una inversión en redes ni de la reducción de la brecha digital».

Fuente: http://www.diaridetarragona.com/noticia.php?id=22186