La cruzada contra el alquiler de apartamentos turísticos

Pese a que la actividad turística mejora año a año desde hace varios ejercicios, los hoteleros y empresarios del sector han iniciado una cruzada legal contra los llamados alojamientos turísticos o vacacionales, es decir, el alquiler de apartamentos, casas y habitaciones por particulares, que se están llevando una parte creciente de la tarta. Es esta una actividad que ha crecido mucho más que el propio mercado turístico espoleada por la crisis y el desarrollo de potentes plataformas en internet que permiten el contacto fácil y directo entre arrendador e inquilino.

En 2007, antes de la crisis, el número de turistas que pernoctó en viviendas no regladas ascendió a 4,37 millones de personas (el 7,5% del total de viajeros extranjeros). Y esa cifra ha ido creciendo con fuerza en los años sucesivos y lo sigue haciendo de forma imparable, por lo menos hasta ahora, en que se ha desatado una verdadera cruzada contra esta actividad.

Los hoteleros la atacan por el flanco de la supuesta evasión de impuestos que anida en ella y por no estar regulada ni supervisada. Creen que no debería llamarse economía colaborativa, sino sumergida, porque está al margen del sistema legal y fiscal, una amenaza creciente que debería competir en igualdad de condiciones.

La regulación depende, tras la reciente modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de las comunidades autónomas y varias administraciones se han lanzado a regular el sector, pero sigue existiendo un gran desconcierto legal.

Cataluña fue la pionera en regular esta actividad, en diciembre de 2012, y estableció una distinción restrictiva entre apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico. En Andalucía, la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta ha dado luz verde al borrador del decreto para la regulación de las viviendas de uso turístico. Esta ley, cuya aprobación está prevista para otoño, contendrá una norma para explotar los inmuebles, así como el control de alquileres de casas completas en periodos de menos de un mes.

Canarias también tramite una ley y la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) ha puesto el grito en el cielo por entender que el Ejecutivo está dando carta de naturaleza a una actividad ilegal tras la que "se esconden verdaderos negocios encubiertos que no pagan ningún tipo de impuesto".

En Madrid, los propietarios de viviendas de uso turístico critican la norma elaborada por la Comunidad. La consideran una prohibición encubierta porque el decreto incluyó en el último momento que no podrán contratarse viviendas de uso turístico por un periodo menor a cinco días. Una cifra que, según la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) y la Asociación de Gestores de Vivienda de Uso Turístico (Asotur) penaliza al 80% de la actividad del sector, que tiene una reserva media de 3,2 días. Un sector que era alegal –desde la derogación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2010– y se ha ilegalizado por la presión del sector hotelero, según Asotur.

La norma madrileña se exige que los pisos destinados a uso turístico no sean viviendas habituales y que estén equipadas. El texto explica que este tipo de viviendas deben comercializarse de forma integral, no por habitaciones (dejando fuera a buena parte de los anuncios de Airbnb), y que deben estar inscritas en el registro de empresas turísticas.

Mientras, la oficial Comisión de la Competencia, como ha ocurrido con el conflicto del coche compartido, se pone de parte de las nuevas tecnologías y servicios. Valora muy positivamente los efectos beneficiosos para la competencia que puede traer esta actividad y apunta que, en algunos casos, la ausencia de regulación podría ser “la solución óptima”.

Competencia asegura además que "la respuesta por parte de las autoridades no tiene por qué consistir en más regulación para los nuevos entrantes, sino que podría centrarse en reducir los requisitos para los operadores tradicionales cuando estos requisitos sean innecesarios o desproporcionados".

Los defensores del alquiler vacacional rechazan también el argumento del fraude fiscal, ya que el portal de internet que hace de intermediario no es responsable del cumplimiento de las normas por los usuarios. Alegan también que antes no se perseguía a los que anunciaban sus apartamentos en los periódicos ante la eventualidad de que no declararan a la Agencia Tributaria el dinero ingresado por el alquiler.

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